CHIAPAS, MEXICO. – Aunque los informes recientes del gobierno estatal indican que en Chiapas (México) los problemas debidos a las diferencias religiosas se están abordando adecuadamente, la intolerancia religiosa continúa, especialmente en los cristianos evangélicos. A finales de septiembre, los cristianos evangélicos en la región sufrieron un nuevo ataque después de la muerte de una mujer evangélica.
Las autoridades de la aldea en Ranchera Yocnajab (estado de Chiapas) no permitieron que la familia enterrara su cuerpo en el cementerio local, porque no habían cooperado en las festividades católicas locales.
Luego de la negativa de los representantes de la Ranchería (la administración local), los familiares se vieron obligados a encontrar un lugar para enterrarla en la ciudad de Comitán (Chiapas), donde recibieron la autorización para el funeral.
Diecisiete familias evangélicas en el pueblo se han negado a contribuir al festival religioso desde hace varios años. En un esfuerzo por forzar su participación, las autoridades locales han cortado su acceso al agua y otros servicios básicos desde 2016. El problema continúa debido a la falta de capacidad de muchos funcionarios públicos, que se niegan a proteger los derechos humanos de los afectados por las acciones sectarias de las autoridades locales.
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Según la agencia Misión 21 gramos, una organización que defiende a los cristianos perseguidos en México, algunos funcionarios públicos han firmado acuerdos ilegales, convirtiéndose en cómplices de la violación de los derechos básicos. El ministerio denuncia que los funcionarios estatales envían las quejas a terceros, extendiendo el tiempo del proceso, esperando que las familias evangélicas abandonen la lucha por una cultura de respeto, tolerancia y sana convivencia en las comunidades, a pesar de las diferencias que puedan existir.
“LA MAYORÍA DECIDE”. La comunidad evangélica ha presentado quejas a las autoridades en diversos niveles de gobierno con respecto a las acciones de las autoridades locales, pero no se ha hecho nada para reparar estas violaciones continuas de la libertad de religión o de creencias.
Se les ha dicho a las familias que “acepten lo que la Asamblea ha determinado o continuaran sufriendo las consecuencias”, informaron las Organizaciones Cristianas en Chiapas (COC). “Es la mayoría la que decide”, fue el argumento que los funcionarios usaron a menudo para justificarse.
UN FUTURO INCIERTO. Es difícil saber qué sucederá en el futuro, teniendo en cuenta que ni siquiera la Oficina de Derechos Humanos de la región ha sido sensible a la situación de la población evangélica. La Oficina de Derechos Humanos no visitó para verificar que el acceso al agua había sido bloqueado y que estas familias evangélicas habían sido afectadas hasta más de un año. No se han tomado medidas para restablecer su acceso al agua. Los funcionarios públicos dicen que se sienten ofendidos por estas quejas públicas, y argumentan que los evangélicos son los que causan los problemas en primer lugar, y no están dispuestos a aceptar las soluciones dadas.
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Fuente: Evangelical Focus
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